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Proceso de Reorganización Nacional

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El Proceso de Reorganización Nacional es la autodesignación de la dictadura militar gobernante de la Argentina entre 1976 y 1983. A consecuencia del golpe de estado producido el 24 de marzo de 1976 que depuso al gobierno democrático de María Estela Martínez de Perón, se instaló en su lugar a una junta militar encabezada por los comandantes en jefe de las tres Fuerzas Armadas: Jorge Rafael Videla (ejército), Emilio Eduardo Massera (armada) y Orlando Ramón Agosti (fuerza aérea).

La junta llegó al poder en un contexto de violento enfrentamiento entre las facciones de ultra izquierda y de ultra derecha del movimiento peronista; en creciente tensión desde los años 1960, se habían agravado durante el tercer mandato de Juan Domingo Perón y exacerbado a su muerte.

Continuando el Operativo Independencia que la Presidenta María Estela Martínez de Perón había ordenado, la junta llevó a cabo una guerra sucia contra la oposición; con el apoyo inicial del gobierno estadounidense —cuyo secretario de estado, Henry Kissinger, avaló expresamente el recurso a medios violentos para erradicar la "amenaza del comunismo"[1]—, el gobierno secuestró, torturó y asesinó miles de disidentes y sospechosos políticos de toda índole, incluyendo a médicos y abogados que ofrecieron apoyo profesional a los perseguidos, y estableció centros clandestinos de detención para llevar a cabo estas tareas. Los que eran llevados a estos, a partir de ahí, se pasaban a llamar desaparecidos, y gran cantidad de ellos fue enterrada en fosas comunes.

La falta de apoyo al gobierno militar los llevó a emprender la guerra de Malvinas contra el Reino Unido, intentando movilizar así la oposición contra el exterior. La derrota infligida marcó el fin político de sus dirigentes, y meses más tarde se llamó a elecciones, en las que triunfó el candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín. Los líderes del Proceso fueron enjuiciados por los delitos cometidos durante su gobierno, y condenados a largas penas de prisión, aunque los mandos intermedios se beneficiaron de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida sancionadas durante la presidencia de Alfonsín. Fueron indultados por Carlos Menem pocos años más tarde, decisión declarada inconstitucional por la Cámara en lo Criminal Federal en 2007.

Inicio del Proceso

Los autores e ideólogos del golpe emplearon este nombre para la fractura del orden jurídico y la dictadura surgida de ella como justificación, argumentando que el orden democrático era insuficiente y que se requería de la fuerza para restablecer la paz en la Nación. Se inicia con un credo neoliberal en lo económico y con la supuesta intención de terminar con la actividad de las organizaciones guerrilleras. Esta excusa, en realidad, sirvió para reprimir en forma sistemática toda forma de protesta social, implementándose un régimen de terrorismo de estado; entre sus primeros actos se contaron el establecimiento de la pena de muerte a los acusados de subversión, la suspensión de las libertades ciudadanas, la disolución del Congreso, la remoción de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, la intervención de los sindicatos obreros y las universidades, la proscripción de la actividad partidaria y la censura de los medios de comunicación.

La guerra sucia

Durante el Proceso de Reorganización Nacional decenas de miles de personas fueron secuestradas, torturadas, asesinadas y hechas desaparecer o forzadas al exilio, como parte de un plan represivo.

El número exacto de "desaparecidos" no ha sido establecido: los organismos de derechos humanos estiman la cantidad en unos 30.000; la CONADEP documentó 8.961 casos; y hasta 2006 la Subsecretaría de Derechos Humanos tenía registradas aproximadamente 15.000 víctimas. Entre los desaparecidos se encuentra un Nº de niños entre 250 y 500, muchos de los cuales fueron adoptados ilegalmente luego de suprimirse su identidad. Existe la ONG Abuelas de Plaza de Mayo que se ha dedicado a localizarlos, y que hasta 2006 ha encontrado a 83.

Durante ese tiempo llegaron a funcionar 610 de centros clandestinos de detención, entre los más conocidos la ESMA y el Olimpo, en la ciudad de Buenos Aires, el Campito y el Vesubio, en la Provincia de Buenos Aires, y la Perla, en Córdoba.

La mayor parte de los detenidos-desaparecidos fueron asesinados y hechos desaparecer en los llamados vuelos de la muerte, mediante los cuales fueron tirados al mar vivos y drogados, desde aviones militares.

Estas acciones de represión ilegal constituyeron la llamada guerra sucia y dejaron a las Fuerzas Armadas ó "bandas armadas" en una situación de ilegitimidad e ilegalidad peor, que las otras fuerzas irregulares a las que supuestamente se intentaba combatir.

Los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el Proceso de Reorganización Nacional fueron investigados en 1984 por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) que produjo el famoso informe "Nunca Más".

Por estos crímenes de lesa humanidad las tres juntas de comandantes que gobernaron el país entre 1976 y 1982 (se excluye la última) fueron juzgadas y condenadas en 1984. Otros responsables han sido enjuiciados y condenados tanto en Argentina como en otros países. Los procesos han continuado varias décadas después de los hechos.

La política económica

El Plan Económico del Proceso de Reorganización Nacional fue diseñada básicamente por el empresario y abogado José Alfredo Martínez de Hoz, quien se desempeñó como ministro de Economía hasta el 29 de marzo de 1981.

El Plan Económico fue presentado el 2 de abril de 1976, y tenía como objetivo explícito detener la inflación y estimular la inversión extranjera. Se inició una reducción arancelaria que llegó a su máximo nivel en 1978, con la finalidad expresa de incrementar la competitividad de la economía argentina y promover sus ventajas naturales. El resultado fue un proceso de importaciones masivas y un efecto desastroso sobre la industria. Grandes empresas industriales cerraron sus plantas: General Motors, Peugeot, Citroen y Chrysler, Siam, Decca (Deutz-La Cantábrica), la planta de vehículos utilitarios de Fabricaciones Militares, Aceros Ohler, Tamet, Cura, Olivetti, y otras miles de empresas industriales medianas y pequeñas. Para 1980 la producción industrial había reducido un 10% su aporte al PBI, y en algunas ramas como la hasta entonces extendida industria textil, la caída superó el 15% (Gerchunoff,373).

Apoyado en una política laboral que produjo una profunda reforma de las leyes laborales, la prohibición de la huelga, la intervención militar de los sindicatos, y la política represiva de "guerra sucia", Martínez de Hoz decretó el congelamiento de salarios y contuvo el descontento general, ante una caída del nivel de vida de la población sin precedentes. El salario real, sobre una base 100 en 1970, había subido a 124 en 1975. En 1976, en un solo año, cae bruscramente a 79, el nivel más bajo desde los años 1930 (OIT 1988). Nunca más volverá a recuperarse. Adicionalmente la pobreza, que desde los años 1940 se ubicó siempre debajo del 10%, y que era del 5,8% en 1974, subió al 12,8% en 1980 y al 37,4% de pobreza en 1982 (INDEC, Gran Buenos Aires).

Con el objetivo de controlar la demanda de divisas y mantener un política de atraso cambiario, Martínez de Hoz implementó a fines de 1978 un sistema de devaluación programada, apodado la tablita. Junto con la Ley 21.526, de entidades financieras, promulgada en junio del año anterior, la tablita promovería la especulación financiera desmedida. La medida se tomó para intentar compensar las pérdidas ocasionadas a los ahorristas por la diferencia entre la tasa de interés pagada a los depósitos a plazo fijo y la inflación; para proteger a las entidades financieras, el Estado se hizo responsable del pago de los depósitos. El coste de estas medidas, que ocasionaron el cierre de más de 25 entidades crediticias, cuyos pasivos debió asumir el Estado, fue enorme; también lo fue para los consumidores, que debieron hacer frente a un mercado de crédito liberalizado, cuyas tasas aumentaron parejamente a las pagadas por los depósitos. Los créditos hipotecarios alcanzaron una tasa de interés del 100% anual, que resultó impagables para numerosos deudores, y condujo a una gran parte de la población a perder la propiedad de sus viviendas.

El resultado combinado de las políticas económicas internas y la situación financiera internacional de abundantes capitales buscando plazas de inversión, impulsó un nivel de endeudamiento récord. La deuda externa se elevó de 7.875 millones de dólares al finalizar 1975, a 45.087 millones de dólares al finalizar 1983 [2]. El proceso de endudamiento constituyó esencialmente una operación delictiva ejecutada por empresas nacionales y extranjeras, militares y agentes económicos, según se comprobó en el importante fallo de 196 fojas dictado el 13 de julio de 2000 en el caso "Alejandro Olmos c/ Martínez de Hoz y otros s/ Defraudación" (Exte. 14467).

Con posterioridad a la renuncia de Martínez de Hoz se sucedieron como ministros de Economía:

Bibliografía

  • Gerchunoff, Pablo; Llach, Lucas. 1980. El ciclo de la ilusión y el desencanto: un siglo de políticas económicas en Argentina. Buenos Aires: Ariel. ISBN 950-9122-57-2
  • Proyecto PNUD-OIT. 1988. Documento de Trabajo Nº 18: El salario mínimo en Argentina: alcances y evolución (1964-1988). Ginebra: OIT
  • Schvarzer, Jorge. 1996. La industria que supimos conseguir. Buenos Aires: Planeta. ISBN 950-742-690-6
  • Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC). Condiciones de vida; series históricas. Buenos Aires: INDEC. [2]

Política cultural y educativa

El Proceso de Reorganización Nacional tuvo una política cultural y educativa en sintonía con su política represiva de guerra sucia. En 1977, el Ministerio de Cultura y Educación emitió un folleto que llevaba el título de "Subversión en el ámbito educativo (conozcamos a nuestro enemigo)", que establecía las pautas represivas en materia de cultura y educación. Complementariamente el jefe del Ejército, Roberto Viola, elaboró una serie de instrucciones denominadas "Operación Claridad", con el fin de detectar y secuestrar bibliografía considerada "marxista" e identificar a los docentes que aconsejaban "libros subversivos".

Esta política incluyó una estricta censura previa. El gobierno militar creó un grupo especial encargado de controlar y censurar todo tipo de producción científica, cultural, política o artística.

Entre algunos casos paradigmáticos se prohibió la enseñanza de la matemática moderna, ó los temas musicales en los que Carlos Gardel era acompañado solo por guitarras. Grupos de censores marcaban con una cruz los temas musicales que no podían ser transmitidos por las emisoras radiales.

La política de censura incluyó una amplia acción de quema de libros.

Las universidades fueron intervenidas, y se enviaron cientos de espías con el fin de detectar opositores y detenerlos. Asimismo, los programas de enseñanza fueron "depurados" de todo contenido considerado contrario a la cultura "occidental y cristiana".

Se elaboraron listas negras de artistas, científicos e intelectuales. La prohibición de artistas como Mercedes Sosa, Joan Manuel Serrat y Silvio Rodríguez fue simbólica del PRN.

Bibliografía

  • Ruffa, Fernando. 2006. La censura y quema de libros durante la dictadura militar. ANRED, Cultura, Nº 22 de marzo de 2006, [3]

La Guerra de las Malvinas (1982)

Durante el Proceso de Reorganización Nacional, el 2 de abril de 1982, el gobierno militar ocupó militarmente las Islas Malvinas, cuya soberanía es ocasión de diferendos con Gran Bretaña desde el siglo XIX; dio así comienzo a la Guerra de las Malvinas.

La guerra finaliza el 14 de junio de 1982 con la rendición de Argentina. Su saldo final fue la reocupación de las Malvinas por el Reino Unido y la muerte de 649 soldados argentinos, 255 británicos y 3 isleños. En Argentina, la derrota en el conflicto precipitó la caída de la Junta militar que gobernaba el país y la asunción del general Reynaldo Bignone quien iniciará la restauración del sistema democrático.

Fin y consecuencias del Proceso

Jaqueado por las crecientes protestas sociales, la presión internacional por las violaciones a los derechos humanos, y la derrota en la guerra de las Malvinas, el autodenominado Proceso cayó finalmente en 1983, viéndose obligado a llamar a elecciones Bignone, el último líder de la Junta Militar.

Durante el gobierno democrático de Raúl Alfonsín (19831989), se juzgó y condenó a algunos de los principales responsables del terrorismo de estado en el llamado Juicio a las Juntas. Sin embargo, el proceso de juzgamiento de los crímenes no continuó hasta alcanzar a todos los responsables; cediendo a las presiones de sectores militares (y también de algunos sectores civiles) el gobierno de Alfonsín promulgó las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, las cuales extinguieron las acciones penales contra los mandos intermedios participantes de la llamada Guerra sucia.

En 1990 el presidente Carlos Menem concedería el indulto a los líderes militares, como Jorge Videla y Eduardo Massera, condenados a cadena perpetua; no obstante, quedarían en prisión domiciliaria por otros crímenes no alcanzados por el indulto, como la apropiación de hijos nacidos durante el cautiverio de sus padres.

El 15 de abril de 1998, por la ley 24.952, se derogaron las leyes de Punto Final (Nº 23.492) y Obediencia Debida (Nº 23.521), que posteriormente, el 2 de septiembre de 2003, fueron declaradas "insanablemente nulas" (Art. 1º) por la Ley 25.779. El 14 de junio de 2005, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de las leyes mencionadas anteriormente, además de establecer la validez de la ley de nulidad. En la actualidad se encuentran en proceso de apelación para su revocación los indultos de 1990.

Día Nacional de la Memoria

El 15 de marzo de 2006, la ley 26.085 declara al 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia en conmemoración al terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad cometidos durante el Proceso, al cumplirse 30 años del golpe que derrocara a María Estela Martínez de Perón. Se establece como feriado nacional inamovible.

Referencias

Fuentes empleadas y notas

  1. Grech, Daniel A.; U.S. OK'd "dirty war". Miami Herald, 4 de diciembre de 2003 [1]
  2. Banco Central, Memoria 1985, pag. 147


Otras fuentes de información

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