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Matrimonio del mismo sexo en España

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En 2004, el PSOE ganó las elecciones generales en España, llevando a la presidencia a José Luis Rodríguez Zapatero. En su programa electoral se encontraba la promesa de equiparar plenamente las parejas formadas por personas del mismo sexo con el matrimonio. En cumplimiento de dicho programa, el presidente declara el día de su toma de posesión que equiparará completamente las parejas homosexuales con las heterosexuales incluyendo el derecho al matrimonio y la adopción. El principio subyacente de esta reforma no es más que otorgar el derecho efectivo al matrimonio, reconocido por la Constitución Española, a todos los españoles, independientemente de su orientación sexual. La equiparación plena con el matrimonio implicaría también el derecho de los matrimonios a optar a la adopción de niños (esto es, que podrían adoptar niños si cumplieran las condiciones que actuamente se les pide a los matrimonios o a las personas individuales que optan a adoptar niños) y que el cónyuge pudiera coadoptar a los hijos del cónyuge que ya los tuviese de una relación heterosexual anterior o que los obtuviese por inseminación artificial.

Así, el ministro de justicia español Juan Fernando López Aguilar anunció el 30 de junio de 2004 que el Congreso de los Diputados de España había aprobado un anteproyecto de Ley de Reforma del Código Civil que pretende eliminar las limitaciones existentes, a fin de que el matrimonio sea independiente del sexo de los contrayentes. Este plan fue aprobado por el Consejo de Estado y presentado al Congreso de los Diputados el 1 de octubre de 2004.

Prácticamente todos los partidos políticos, menos el Partido Popular (PP, conservador), se se mostraron favorables a esta reforma. Una encuesta por el Centro de Investigaciones Sociológicas en julio de 2004 indicó que dos tercios de españoles apoyan el matrimonio del mismo sexo. Sin embargo, ciertos sectores sociales, fundamentalmente vinculados a la Iglesia Católica, se han posicionado en contra de estas medidas, con diversas argumentaciones. Por una parte, se afirma que el derecho al bienestar de los adoptados prima sobre el derecho a optar a adopciones de los nuevos matrimonios. También se esgrime que esta ley ataca a la familia. Por otra parte, el propio Consejo General del Poder Judicial niega que la adopción sea un derecho y advierte que podría estar abriendo las puertas a todo tipo de relaciones, como la poligamia (que podría ser reclamada por asociaciones islámicas) o la zoofilia.

En general, las críticas de los sectores conservadores se centran en la denominación de "matrimonio" otorgada a estas nuevas uniones y a la consideración de la adopción como derecho. Los defensores de esta medida argumentan que la denominación de "matrimonio" es crucial para que el derecho constitucional sea efectivamente aplicable y para no estar sujetos a cualquier cambio en el estatus de estas uniones. Respecto a la adopción, indican que el derecho a la opción a la adopción no significa que cualquiera pueda adoptar, sino sólo aquellos que cumplan los requisitos actualmente requeridos, y que además, la actual ley de adopción ya permite la adopción por parte de personas no casadas, las cuales pueden ser heterosexuales o no. Sin embargo, el cónyuge del adoptante no podía coadoptar al niño.

El 21 de abril de 2005, el Congreso de los Diputados aprobó, con 183 votos a favor y 136 en contra (y tres abstenciones), la reforma del Código Civil para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo.

El 18 de junio de 2005, una multitudinaria manifestación convocada en Madrid por una organización hasta entonces desconocida, el Foro Español de la Familia, dirigida por Benigno Blanco, ex-secretario de estado en los gobiernos de José María Aznar, así como diversas asociaciones católicas, convocó a cientos de miles de personas para oponerse a la equiparación de las uniones entre personas del mismo sexo a los matrimonios, bajo el lema "La familia sí importa" (la Delegación del Gobierno contabilizó 166.000 asistentes; Telemadrid - la televisión pública de la Comunidad de Madrid - calculó unos 700.000; los convocantes cifraron la participación en millón y medio de personas). Esta manifestación fue apoyada por la Iglesia Católica española, contando con la asistencia de dieciocho obispos (se da la circunstancia de que es la primera vez en la historia democrática española que un cardenal, Antonio María Rouco Varela, arzobispo de Madrid y ex-presidente de la Conferencia Episcopal Española, así como otros 19 obispos, parcitipan en una manifestación) así como por el Partido Popular (si bien, su entonces líder, Mariano Rajoy, no tomó parte en ella).

Aprobada la reforma por el congreso, la reforma pasó al Senado. El 21 de junio, tras la compadecencia de expertos cuyas opiniones fueron desde que la adopción de niños por parejas homosexuales no tienen ningún efecto en los niños (más allá de su mayor toleracia ante la homosexualidad) a las del catedrático de psicología Aquilino Polaino (convocado como experto por el Partido Popular), que califico la homosexualidad de patología y de "trastorno emotivo", expresando, entre otras afirmaciones polémicas que "muchos homosexuales tienen antecedentes de violación sexual desde pequeños" o que gays y lesbianas provienen generalmente de familias con padres "hostiles, alcohólicos y distantes" y madres "sobreprotectoras" con los hijos varones y "frías" con las mujeres (más tarde, dirigentes del PP se desvincularon de esas declaraciones). El Senado vetó el proyecto de ley para equiparar las uniones homosexuales al matrimonio.

La propuesta de veto fue presentada por el Partido Popular (PP) y Unió Democràtica de Catalunya (miembro de la coalición CiU) y aprobada por 131 votos (126 votos del PP, cuatro de Unió y uno del Partido Aragonés) contra 119 (los del resto de los grupos). Dos senadores de CiU se abstuvieron. Fruto de este rechazo, la reforma volvió al Congreso de los Diputados.

El 30 de junio de 2005 el proyecto fue aprobado en el Congreso. La propuesta de reforma contó con 187 votos (los del PSOE, ERC, Izquierda Unida, PNV, BNG, CC, CHA y dos diputados de CiU, así como un voto de Celia Villalobos, diputada del PP). En contra votaron 147 diputados (PP y Unió), produciéndose también cuatro abstenciones.

El jefe del principal partido de la oposición, Mariano Rajoy ha anunciado que el PP estudiará la presentación de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la reforma del Código Civil que permitirá el matrimonio entre personas del mismo sexo.

El 2 de julio, la ley se publicó en el Boletín Oficial del Estado, entrando en vigor al día siguiente. La ley aparece firmada, siguiendo el procedimiento habitual, por el rey Juan Carlos I, como jefe de estado. Finalizaron así las especulaciones, alentadas por sectores conservadores y católicos, acerca de la posible "renuncia" temporal del rey para no tener que firmar la ley, debido a la oposición a esta no sólo por parte de la Iglesia Católica española, sino por el propio papado.

España se convierte así en el cuarto país del mundo, tras Holanda, Bélgica y Canadá en aprobar leyes permitiendo bodas entre personas del mismo sexo. Esta reforma constituye un importante avance en las reivindicaciones del colectivo homosexual, sobre todo teniendo en cuenta que la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social (ley franquista que consideraba la homosexualidad como delito y permitía la encarcelación de los homosexuales) no fue abolida hasta 1979. Al menos 5.000 homosexuales fueron encarcelados, sólo por serlo, durante el franquismo y los primeros años de transición a la democracia en España.

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