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Artículo de la Enciclopedia Libre Universal en Español.

[escribe] Panorama

No hacía falta la experiencia de la guerra de la Independencia para demostrar que la hacienda del Antiguo Régimen estaba en continua bancarrota. Fueron muy frecuentes en el siglo XVIII las suspensiones de pagos y las ventas de oficios, derechos e impuestos, y los encabezamientos, para pagar las deudas que contraía la corona, por medio del sistema de asientos. Pero, además, la guerra de la Independencia, y hasta 1820, supuso el total aniquilamiento del capital público, lo que hizo necesaria una reforma de la hacienda, a pesar del absolutismo monárquico de Fernando VII.

Las Cortes de Cádiz habían diseñado una hacienda liberal para hacer frente a los gastos de la guerra. Propugnaba la igualdad ante la ley, lo que significaba que todo el mundo, incluso las clases privilegiadas, debían pagar impuestos. Se liquidaba la fiscalidad eclesiástica, que detraía gran cantidad de recursos a las arcas públicas. Se proponía la novedad de hacer un presupuesto equilibrado para controlar los gastos del Estado, la constitución de Cádiz es la primera en Europa que emplea este término en documentos legales. Y se pedía que las cuentas públicas estuviesen controladas por el Parlamento. Pero recaudar este dinero, cobrando directamente a las personas físicas, era inviable en la época, y muy caro, por lo que se estableció la contribución directa, es decir, se asignó un cupo de dinero a un territorio donde se debía recaudar. Este cupo se hizo siguiendo criterios de riqueza territorial, según el nomenclátor de Floridablanca. Se estableció la proporcionalidad del impuesto, según la cual debían pagar más los que más tenían, incluso hubo intentos de establecer impuestos progresivos, pero no llegaron a cuajar. El presupuesto establecía la estimación de ingresos y gastos, y se admitía un déficit escaso. Lo que era inadmisible era el superávit. El primer presupuesto de nuestra historia fue el de 1814, de 1.000 millones de reales.

Sin embargo, todo esto quedó en suspenso con la restauración borbónica, que trata de volver al sistema de hacienda del Antiguo Régimen, mejorando la administración y la recaudación. Se vuelve a los estancos, los equivalentes y los diezmos, pero en dos años la corona tiene una deuda de 700 millones de reales, y no queda otro remedio que reformar la hacienda.

El primer intento de reforma de la hacienda, dentro del Antiguo Régimen, se encarga a Martín de Garay que propone una contribución general según la riqueza territorial. Para esto es necesario crear un Cuaderno general de la riqueza territorial. Este Cuaderno se hace por medio de una encuesta voluntaria, que se envía a los ayuntamientos, lo que favorece que haya muchas ocultaciones. También pretendió elevar los impuestos de paso y otros impuestos tradicionales. Pero todo esto era insuficiente e ineficaz, por lo que fracasó, y encima se le tomó por liberal.

A Garay le sustituyó Luis López Ballesteros que continuó con el modelo de hacienda del Antiguo Régimen, pero introduce, para controlar las cuentas de la corona, la elaboración de un presupuesto. Este sistema funcionará entre 1827 y 1831. Pero tras la muerte de Fernando VII se desata la guerra civil carlista, mientras sube al trono Isabel II, que es menor de edad. En esta época los liberales se asientan en el poder y llevan a cabo sus reformas de la Hacienda. La figura más relevante de este periodo de fue Mendizábal (Juan Álvarez Méndez) que en los dos años que estuvo en el poder (1835-1837) como ministro de Hacienda abordó la desamortización eclesiástica (1836), lo que significó un gran aumento de los recursos de la Hacienda no solo por la venta de los bienes de la Iglesia, sino también por el fin de los diezmos, en 1837. La Iglesia desaparece como perceptora de impuestos directos, a partir de ahora la Iglesia se mantendría por la asignación del Estado en concepto de culto y clero.

[escribe] La reforma de Mon

Cuando Narváez accede al poder en 1844, su proyecto moderado supone un retroceso tras el gobierno liberal anterior. Narváez introdujo la costumbre de presentar un proyecto de presupuesto en las Cortes, aunque no se admiten enmiendas. Alejandro Mon presenta su reforma de la Hacienda en la que se introducen nuevas contribuciones: sobre los inmuebles, la industria, el comercio, el consumo y el derecho de hipoteca. Su objetivo es gravar las rentas de los terratenientes. La manera de recaudar estos impuestos se hace según un cupo territorial por provincias. Esta contribución será recaudada por las diputaciones, lo que favorece el fraude a la hora de pagar. Para evitar esto, se impone una cuota de garantía, la cual si se excedía se podía reclamar. Este sistema fue bastante estable, porque se consideraba bueno que la Hacienda devolviera dinero a las diputaciones, con lo que se tendía a no ocultarla riqueza. Pero Mon es, también, el ministro que suspende la venta de los bienes de la Iglesia, parando la desamortización que había iniciado Mendizábal.

Este sistema se completa con Juan Bravo Murillo que, al acceder al Ministerio de Hacienda, introduce en las cuentas del Estado el sistema contable, con lo que la información gana en fiabilidad, y los presupuestos pueden ajustarse más.

[escribe] La revolución liberal de 1868

Cuando los liberales llegan al poder en 1868 comienzan una serie de reformas legislativas que tienen como objeto transformar las antiguas relaciones sociales, según sus intereses. Estas leyes pretenden crear un mercado sin fronteras y sin trabas fiscales para el comercio. Conciben el Estado como el guardián del orden, garante de la integridad del territorio y del funcionamiento de las reformas. Además, se hacen todos los esfuerzos posibles para salvaguardar la propiedad, bajo el nuevo concepto de propiedad liberal. A pesar de los esfuerzos, nadie será capaz de reducir significativamente el gasto público, por lo que se hace necesario la recaudación de impuestos, unos impuestos que se pretenden que sean generales y proporcionales.

Álvaro de Figueroa (Conde de Romanones) es el gran ministro de Hacienda de esta época. Su labor incluye la reforma del cuadro de ingresos, la desaparición de los impuestos de paso, del monopolio de la sal y otros estancos, y los impuestos sobre sucesiones directas. Pero la pieza clave de su reforma es la supresión de la imposición del consumo, la modificación de las aduanas y la creación de un impuesto personal. Su reforma grava, por orden de importancia: la tierra, la industria y el comercio. A pesar de esto, la mayoría de lo impuestos que se recaudan son indirectos. Quedan exentos de imposición las rentas del capital y del trabajo. Además, los impuestos de circulación, que no de paso, los paga todo el mundo, incluso los que estaban exentos.

Donde se produce un debate entre los liberales es en la cuestión de los aranceles. Figueroa es partidario de un arancel proteccionista para proteger la industria española, en tiempos de crisis. Sin embargo, su sucesor, Pascual Madoz, es partidario de las tesis librecambistas.

Este sistema es muy avanzado para la época, pero tiene dificultades de recaudación, sobre todo del impuesto personal, por lo que se produce una reducción de ingresos en la Hacienda. La recaudación es responsabilidad de los ayuntamientos y muchos de ellos se niegan a exigirlos. Sólo tras la restauración de la monarquía en 1875, y hasta 1899, existe colaboración ciudadana para recaudar los impuestos, con el cuadro de 1868.

[escribe] La reforma de Villaverde

Raimundo Fernández Villaverde es nombrado ministro de Hacienda en 1899, tras el desastre de la guerra en Cuba y Filipinas, que había supuesto una deuda de unos 11.500 millones de pesetas. Su labor más urgente es reducir la deuda pública y reformar el cuadro de los ingresos. Para dominar la deuda pública toma medidas que demoran el pago y reducen los intereses.

La reducción del cuadro de imposición directa es más transcendente. Comienza a tributar la riqueza. Se impone contribuciones sobre las utilidades, sobre las rentas del trabajo y del capital, y sobre los beneficios de las sociedades. Cobrar a las sociedades simplificó mucho la recaudación, la crearse, paralelamente, el Registro de Sociedades. Este sistema supone el fin de los impuestos territoriales.

[escribe] Referencias

Notas

Otras fuentes de información

• Páginas didácticas sobre Historia

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