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Estado y Administración en la España del siglo XIX

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[escribe] El Estado

Durante la mayor parte del siglo el Estado continúa siendo absolutista, a la manera de las monarquías de Antiguo Régimen. Pero en toda Europa es está agotando la fórmula del monarca absoluto, incluso si este es ilustrado, y al terminar el siglo la mayoría se han convertido en monarquías constitucionales. Esta fórmula se inicia, en España, con Fernando VII, aunque, en realidad, no se asienta hasta que no llega al poder Isabel II.

El siglo empieza bajo el reinado de Carlos IV, un rey ilustrado, pero pronto queda marcado por la |guerra de la Independencia contra Napoleón, en 1808. Esta guerra, y el vacío de poder que produce el exilio del rey Fernando VII, dará al pueblo español la oportunidad de convocar las Cortes. Será la primera vez que las Cortes se convoquen a iniciativa del pueblo y no del rey. Las Cortes se reúnen en Cádiz entre 1810 y 1814, la única ciudad importante en la península que no está bajo dominio napoleónico.

Con el fin de la guerra de la Independencia, y la expulsión de los franceses, vuelve a España Fernando VII. Fernando VII sigue siendo un rey absolutista, aunque en un principio acepta la constitución de Cádiz para poder volver al país. Acepta respetar ciertas garantías constitucionales, como que las órdenes del rey deben ser refrendadas por las Cortes, las cuales han de reunirse al menos, una vez al año, el 25 de febrero y durante tres meses. La corona no podía suspender las sesiones. Las Cortes elegirían una diputación permanente para el tiempo en que no estuviesen reunidas. Y, además, se crearía un cuerpo de ciudadanos armados que garantizasen el cumplimiento de la constitución. Sin embargo, al poco tiempo de estar en el poder, Fernando VII suspende la constitución y vuelve a gobernar como un monarca absoluto.

Pero los liberales no se resignan, y el general Riego da un golpe de Estado, en Las Cabezas de San Juan, e impone la constitución al rey en 1820, inaugurando así tres años de gobierno liberal, el trienio liberal. Pero la restauración absolutista se extiende por toda Europa, y Fernando VII recupera otra vez el poder. Para ello se apoya en los reyes absolutos que han vuelto a dominar Europa y que le envían, en 1823, el ejército de los Cien Mil Hijos de San Luis, para que recupere sus poderes absolutos. Así termina la primera experiencia constitucional española.

Sin embargo, las cosas ya no podían ser como en el siglo pasado, y el rey para mantenerse en el poder debe conceder una serie de cartas otorgadas en las que el soberano renuncia a algunas de sus prerrogativas, con las que los liberales controlan en algo su poder.

[escribe] La monarquía constitucional

La monarquía absoluta no podía subsistir mucho tiempo más a la pujanza de la burguesía liberal, y en toda Europa fue cayendo a lo largo del siglo. En España sucumbió a la muerte de Fernando VII. A Fernando VII le sucede Isabel II, que en el momento de acceder al trono es menor de edad, lo que hace necesaria una regencia. La regencia la ostentan su madre, María Cristina, entre 1833 y 1840 y el general Espartero entre 1841 y 1843. Para que Isabel II pudiese gobernar era necesario abolir en España la ley sálica y para ello María Cristina se apoya en los liberales, que serán quienes la mantengan en el poder. Esto favorece el acceso de los liberales moderados a los cargos de responsabilidad y de gobierno, y así se asientan definitivamente en el poder. Sin embargo, esto provoca la guerra civil carlista, en favor del pretendiente al trono don Carlos, de carácter absolutista. Esta será la primera de tres guerras carlistas, 1833-1840, 1846-1848 y 1872-1876.

El modelo que proponen los liberales es el de una monarquía constitucional: que se caracteriza porque la corona tiene un papel moderador en los conflictos políticos. El rey, o la reina, arbitran en los conflictos del gobierno, al que eligen libremente. Las Cortes controlan al gobierno aunque pueden ser disueltas por el rey, o la reina. Este modelo de monarquía se diferencia mucho de la monarquía parlamentaria, en la que el rey es el jefe del Estado, pero no tiene ningún poder político.

El modelo de monarquía constitucional entrará en vigor con la constitución de 1837, y salvo modificaciones puntuales, con nuevas constituciones en 1845, 1869 y 1876, que no suponen cambios substanciales, estará vigente hasta 1923.

En todo este periodo se alternarán en el poder los liberales moderados y los liberales progresistas. La diferencia entre moderados y progresistas no está en el modelo de constitución, sino en las leyes orgánicas que permite desarrollar, como: la ley electoral, la ley de prensa, de asociaciones, etc. La izquierda política, marxista, no será un grupo que pueda acceder al poder. Ni siquiera es una fuerza muy implantada en la sociedad. En realidad, no será un grupo políticamente activo hasta la década de 1890, cuando empiece calar en la sociedad sus reivindicaciones de sufragio universal, libertad de expresión, etc. El juego de mayorías, durante todo este periodo, está hecho a la medida del rey que siempre tiene la mayoría bien en el gobierno, bien en las Cortes.

Durante todo este periodo los liberales progresistas gobernarán tan solo en tres ocasiones: una entre 1835 y 1837, otra bajo la regencia de Espartero entre 1840 y 1843 y otra justo antes de la proclamación de la primera República. Sin embargo, durante todo el tiempo hay levantamientos urbanos y pronunciamientos de carácter progresista que favorece el asentamiento en el poder de los liberales más reaccionarios, como la «dictadura» de Narváez en 1844.

Las tensiones con la monarquía irán aumentando, hasta que lleguen a su culmen en 1868, en la que tras un golpe de Estado Isabel II tiene que exiliarse, Serrano asume la regencia del reino y Prim el gobierno. Como necesitan tener un rey, en 1870 ofrecen el trono a Amadeo de Saboya, que reinará durante tres años, hasta 1873 fecha en la que se proclama la primera República Española. Sin embargo, esta primera república no cuenta con los apoyos suficientes, sobre todo por parte de la burguesía, y fracasa ese mismo año.

En 1874 se restaura la monarquía borbónica, en la figura de Alfonso XII, tras el golpe de Estado del general Martínez-Campos en Sagunto. Se vuelve al sistema de monarquía constitucional. La gran figura política de este periodo es Cánovas. El sistema se mantiene sobre dos pilares: la alternancia de los dos grandes partidos, los liberales y los moderados. Ambos partidos son capitalistas, monárquicos y parlamentarios. Sin embargo, en esta época aparecen otros partidos organizados, y cada vez con mayor implantación en la sociedad, como el Partido Socialista Obrero Español, o diferentes partidos nacionalistas y republicanos.

Durante el reinado de Alfonso XIII el régimen se tambalea cada vez más, y en 1923 Miguel Primo de Rivera da un golpe de Estado y pone fin al modelo de monarquía constitucional. Primo de Rivera gobernará hasta 1930; y en 1931 se proclamará la segunda República.

La reforma liberal de las relaciones sociales fue un proceso que afectó progresivamente a las principales instituciones económicas. La propiedad comenzó su reforma con las desamortizaciones de Godoy, Mendizábal y Madoz. Este cambio supone una nueva concepción de la propiedad: la propiedad absoluta y sin servidumbres.

La burguesía recibe su impulso definitivo para la conquista del poder. Esto implica una gran conflictividad social durante todo el periodo, y a pesar del poco tiempo que los liberales más radicales estuvieron en el gobierno. Las tensiones sociales más graves tienen lugar entre patronos y obreros. En estas tensiones se observan dos posturas diferentes. Los obreros revolucionarios, anarquistas y marxistas, que pretenden solucionar los conflictos haciendo la revolución, y los pacifistas, que pretenden solucionar los conflictos negociando con los patronos: es el sindicalismo católico.

[escribe] La Administración

La constitución de Cádiz de 1812, además de tener un programa político, trata de reformar la Administración pública española para que se adapte a los intereses de la burguesía liberal. La constitución de Cádiz trata de hacer la Administración española uniforme en todo el país: suprimiendo las peculiaridades y las diferencias territoriales de los distintos reinos. Esta uniformidad es mayor aún que la impuesta por los Borbones el siglo anterior. Este hecho fue aceptado por todos los diputados de todas las provincias que se reunieron en Cádiz. Se proclama la igualdad ante la Ley, una misma ley para todo el reino y para todos los estamentos sociales, lo que termina no sólo con las diferentes legislaciones de los diferentes reinos de España, sino, también, con las legislaciones diferentes que se aplicaban a la aristocracia, la Iglesia o al pueblo, según los diferentes gremios.

También se proclama la unidad del fuero y de los códigos, con los que las leyes y los acuerdos que se tomen en adelante tendrán validez en toda España. Se consagra la proporcionalidad ante el impuesto, pagando más los que más tienen, aunque aún no es un impuesto progresivo. El servicio militar se hace obligatorio, para crear una fuerza militar comprometida con la defensa de la constitución. Se hace un plan de enseñanza uniforme para toda España. Estas medidas se completan en 1837 con el principio de acceso a los cargos públicos, según méritos y capacidad individual. Otra de las medidas que tratan de uniformar la Administración española es la división del país en nuevas provincias, una división que se hace definitivamente en 1833 tras varios intentos fallidos. En 1834 los alcaldes pierden sus funciones judiciales en favor de los jueces letrados, creándose así los partidos judiciales. Además, los cargos de los ayuntamientos y las diputaciones se hacen electivos. Sin embargo, la uniformidad no es absoluta, ya que en 1839 se confirman los fueros de Navarra y en las provincias vascongadas, en el Convenio de Vergara, que pone fin a la guerra Carlista.

Entre 1811 y 1837 se derogan los señoríos jurisdiccionales, en un complejo proceso que supone una nueva organización del país, ya que de deroga su jurisdicción particular.

Paralelamente a la uniformidad política y administrativa y territorial surgen en España los nacionalismos, separatistas. Las guerras carlistas dejan de lado sus reivindicaciones legitimistas y se vuelve a una defensa de los fueros tradicionales de Navarra y el País Vaso.

Sin embargo estas no son las únicas medidas que se toman para hacer de la Administración un cuerpo uniforme en todo el Estado. En 1822 se promulga el Código Penal, que estará vigente hasta 1996, en 1829 el Código de Comercio, en 1859 el Código Civil, etc. Estos códigos garantizan que en todo el territorio nacional exista la misma ley para todos, y para todas las actividades, por encima de las leyes tradicionales, ya que son leyes nuevas que afectan a todo el país y que convienen a todo el mundo.

[escribe] Referencias

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