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División provincial de España

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A la muerte de Fernando VII, en 1833, le sucede Isabel II, menor de edad. Para mantenerse en el poder, su madre María Cristina, la regente entre 1833 y 1840, se apoya en los liberales. El general Espartero será regente entre 1841 y 1843. Esta es la época en la que los liberales se asientan definitivamente en el poder y crean el nuevo Estado liberal.

María Cristina encargará a Javier de Burgos la creación de una nueva división provincial. El proyecto de Javier de Burgos es prácticamente el mismo que el de 1822, pero sin las provincias de Calatayud y Villafranca, además otras provincias cambian de nombre al cambiar de capital. La división provincial de Javier de Burgos de 1833 incluye 49 provincias:

Andalucía: Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla.
Aragón: Huesca, Teruel y Zaragoza.
Asturias: Oviedo.
Baleares: Baleares
Canarias: Canarias
Castilla la Nueva: Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Madrid y Toledo.
Castilla la Vieja: Ávila, Burgos, Logroño, Palencia, Santander, Segovia, Soria y Valladolid.
Cataluña: Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona.
Extremadura: Badajoz y Cáceres.
Galicia: La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra.
León: León, Salamanca y Zamora.
Murcia: Albacete y Murcia.
Navarra: Navarra.
Valencia: Alicante, Castellón, y Valencia.
Vascongadas: Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.
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Se recuperan los nombres tradicionales de las provincias vascongadas y Navarra, pero se hacen menos concesiones a la historia, ya que persisten muy pocos enclaves, los más importantes son: el rincón de Ademuz y el condado de Treviño. Para esta división se rige por los mismos principios de población, extensión y coherencia geográfica.

Esta división provincial se consolida, y triunfa rápidamente, hasta llegar a nuestros días, ya que inmediatamente se dota a las capitales de provincias de las instituciones de gobierno básicas, creándose al tiempo los subdelegados de Fomento (los futuros gobernadores civiles, hoy delegados del Gobierno). Además, la división provincial será el soporte para todas las ramas de la Administración, y las futuras divisiones. Todos los ayuntamientos, y su alfoz, deben estar íntegramente dentro de una provincia. Poco después están perfectamente delimitadas todas las provincias, con los enclaves correspondientes. Esta será la base de un Estado fuerte y centralizado, eficaz y uniforme, sin privilegios ni excepciones.

La división provincial se consolidará poco después; en 1834 se dividen las provincias en partidos judiciales, y para ello se tienen en cuenta los límites provinciales. En los partidos judiciales se pondrán los juzgados de primera instancia e instrucción, que más tarde serían la base para los distritos electorales y la contribución. En 1868 existían 463 partidos judiciales y unos 8.000 municipios. En las elecciones municipales de 1999 había 8.037 ayuntamientos, algunos no tenían más de 10 años.

Las revisiones de este modelo fueron muy escasas. En 1836 se amplía Valencia a costa de Alicante. En 1841 se amplía Logroño, pero temporalmente. Entre 1844 y 1854 la capital de Guipúzcoa pasó de San Sebastián a Tolosa. En 1846 se rectificaron los límites entre Ciudad Real y Albacete. En 1851 Requena y Utiel pasan de Cuenca a Valencia. Y por último, en 1927 Canarias se divide en dos provincias, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife. Esta es la modificación más importante, ya que aumenta las provincias a 50. Por lo demás estas son las provincias actuales.

A pesar de la uniformidad el País Vasco y Navarra conservarán sus fueros hasta el fin de las guerras carlistas. En 1841 Navarra pierde sus instituciones, aunque conserva su derecho y la contribución única, hasta 1877 en que desaparecen su Junta y Diputación, tras haber perdido su capacidad de crear leyes.

En las provincias se instalan delegaciones de todos los organismos del gobierno, con lo cual se realiza una desconcentración administrativa que facilita el gobierno del país.

Referencias

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Notas