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Asesinatos extrajudiciales en Israel

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Aunque el Estado de Israel es considerado usualmente la "única democracia" de Oriente Medio, muchas de sus actividades son ilegales desde el punto de vista del Derecho Internacional; junto a éstas, hay algunas que se pueden encuadrarse en lo que reconocemos como terrorismo.

Quizá la principal de ellas, condenada repetidamente por la comunidad internacional, son los llamados asesinatos extrajudiciales^[1]: ejecuciones de personas, decididas por el gobierno, las fuerzas armadas u otras instancias del estado, en la que no se respetan ninguno de los pasos habituales en un sistema judicial: acusación, derecho a defensa, juicio y condena.

Estos asesinatos son ilegales según el artículo 3 de la Convención de Ginebra que señala taxativamente en su punto 1d que "están y se mantendrán prohibidos en cualquier tiempo y lugar las ejecuciones, sin previo juicio de una corte oficialmente constituida y asumiendo todas las garantías judiciales reconocidas como indispensables en los países civilizados". Este artículo se aplica a toda persona que "no tome parte activa en las hostilidades, incluyendo miembros de fuerzas armadas que hayan abandonado sus armas" y aquellas personas "fuera de combate por enfermedad, heridas, detención o cualquier otra causa".

En el 2003, el propio Kofi Annan, Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mostró su oposición a este tipo de actividades, en especial al asesinato anterior de una mujer y su hija de tres años. El mismo empleó el término de "asesinatos extrajudiciales"^[2].

La política de asesinatos extrajudiciales es presentada por las autoridades israelíes como acto de autodefensa frente al terrorismo, como una medida que se aplica para la eliminación miembros o líderes de organizaciones terroristas directamente involucrados en el planeamiento o ejecución de un atentado.

Los detractores de esta práctica niegan su legalidad al ser realizadas sin juicio previo y al implicar habitualmente la muerte de civiles inocentes. Este hecho ha generado muchas protestas dentro de la sociedad israelí, en muchos casos provocando casos de desobediencia por motivos de conciencia entre los miembros del ejército involucrados en las acciones.

Según los datos del Centro Palestino de Derechos Humanos, desde el inicio de la segunda Intifada hasta el 3 de marzo de 2004 el ejército israelí y los colonos han asesinado a 2129 civiles palestinos (esta cifra no incluye a los palestinos muertos en el curso de ataques armados contra objetivos israelíes u otros enfrentamientos armados); 464 eran menores de 17 años.

337 fueron asesinados en las llamadas ejecuciones extrajudiciales: 134 eran personas que se encontraban accidentalmente en el lugar del ataque, de ellos 40 eran niños.

La personalidad árabe-palestina de más alto rango asesinada por Israel fue el jeque Ahmed Yassin fundador y líder espiritual de la organización terrorista Hamás, responsable de la muerte de cientos de civiles israelíes en atentados terroristas suicidas; Yassin, de 66 años, parapléjico y prácticamente ciego desde su niñez, murió al ser alcanzado por tres misiles disparados desde un helicóptero israelí; en el atentado murieron otros siete operativos del Hamás, y quince personas más fueron heridas, entre ellos los hijos de Yassin.